El derecho a la comunicación es un Derecho Humano desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y también desde el jurídico.

La comunicación es, en definitiva, un campo de disputa entre quienes construyen sentidos y qué sentidos se construyen  según sus particulares posturas.

Por Jorge Pardés

La comunicación como bien social nace como una lucha de colectivos organizados que batallan por otros derechos diferentes de acuerdo a los contextos políticos sociales de cada momento.

No hay democracia sin derecho a la comunicación, porque en definitiva de lo que se habla con el derecho a la comunicación es distribución de la riqueza.

El derecho a la comunicación es un Derecho Humano desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y también desde el jurídico

A través de la historia el derecho a la comunicación aparece como potestad, primero, de quien detenta el poder sobre el territorio , (rey , señor, amo poseedor de esclavos, según la época) que se apropia de la información y con la figura del censor controla a quienes la producen y distribuyen; luego pasa a quien detenta el poder sobre los medios de producción de la comunicación constituyéndose en el derecho a la libertad de  imprenta o de prensa o como bien alertó Arturo Jauretche, libertad de empresa, considerando el desarrollo empresarista de los medios de prensa.

El derecho a la libertad de prensa  aparece como la respuesta a la necesidad de  garantizar la expresión libre de ideas por parte de todas las personas, pero se efectiviza especialmente para los medios de comunicación, para contrarrestar posibles interferencias de las autoridades del Estado y permitir que los medios de comunicación controlen el ejercicio del poder, fortaleciendo así la democracia. Si esto se concreta, el Estado, no puede impedir la producción de ideas.

El derecho a la información surge fundamentalmente como respuesta a la necesidad de proteger no sólo a los productores de la información, sino también a sus destinatarios. Regula las relaciones entre el Estado y los productores de información y entre éstos y los destinatarios de la misma, en el primer caso asegurando la libertad de los productores contra las injerencias indebidas del Estado, y en el segundo caso garantizando que éstos produzcan información acorde a las exigencias de imparcialidad y veracidad en beneficio de los destinatarios

Para que este proceso – circuito sea virtuoso el Estado debe ser garante de la universalización de ese derecho y para eso debe crearse la institucionalidad que permita ejercer esa garantía, poniendo de relieve que la democracia no se construye solo con los procesos electorales, sino con la participación ciudadana único garante posible de la vigencia de ese derecho

La comunicación es, en definitiva, un campo de disputa entre quienes construyen sentidos y qué sentidos se construyen  según sus particulares posturas.

Como antecedente jurídico se  puede considerar al informe McBride, “un solo mundo, voces múltiples” presentado en la UNESCO en febrero de 1980 como la primera materialización en la arena internacional de la lucha llevada adelante por los pueblos por la vigencia de este derecho

Los cuarenta años que han pasado desde ese hecho explica la reflexión también expresada por la periodista en relación a que “Alguna vez deberá considerarse como derecho humano a la comunicación”.

En las Constituciones Nacionales de Bolivia y de Ecuador está consagrado este derecho como tal, en México es parte de reformas constitucionales. En nuestro país con la irrupción del neoliberalismo durante el gobierno anterior y la desarticulación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se perdieron muchos alcances de este derecho y aunque este nuevo gobierno reconoce en un decreto de necesidad y urgencia su vigencia, queda un largo camino para recorrer en virtud de recuperar lo logrado desde la histórica Coalición por una Radiodifusión Democrática o Coalición por los 21 puntos, hasta la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual y la necesidad de dotarla de rango constitucional.

La comunicación como bien social nace como una lucha de colectivos organizados que batallan por otros derechos diferentes de acuerdo a los contextos políticos sociales de cada momento. Es significativo cómo en la lucha por la vigencia de este derecho siempre se dio en un contexto de visibilización de otras necesidades

Reviste importancia entonces que en la formación de los comunicadores populares se cuente con la herramienta de “la política”, entendida como el arte de lo posible, para poder convertirlo en una política pública.

Desde la perspectiva de la comunicación como derecho es necesario convenir en que es un tema de todos los que son parte, sin los prejuicios que instalan los medios de comunicación corporativos, el mercado y el neoliberalismo como acción de forma y sustrato inserto aún en el campo nacional y popular; la fragmentación es el modo de negarse entre quienes son parte.

Es, en esta lucha, necesaria la transversalización de la perspectiva de género, para que rija la justicia de género, que se pueda alcanzar la justicia de clase y la justicia del derecho a comunicar.

También la accesibilidad para las personas con discapacidad, para que sea verdaderamente inclusiva.

No hay democracia sin derecho a la comunicación, porque en definitiva de lo que se habla con el derecho a la comunicación es distribución de la riqueza.

En ese mismo sentido surge una reflexión en relación a la aparición de la imprenta y el proceso de transformación que desde ese momento se da, así como la dimensión simbólica que  reviste la aparición de ese medio de comunicación en tanto cambio civilizatorio, enmarcado en la matriz del capitalismo de acumulación, lo que conlleva a constituirla en un elemento de dominación o una herramienta a esos fines.

Nos estamos refiriendo a su desarrollo comercial, al significado económico en el desarrollo de la sociedad moderna y a la incidencia que esos aspectos tendrían en la función de mediación cultural que su uso aportó a través de la mediatizacón de la comunicación.

Podríamos equiparar esa irrupción en la historia y su contexto socioeconómico con los avances tecnológicos de la última década y su concentración en manos de los cinco gigantes de la tecnología – GAFAM: Amazon, Apple, Facebook, Microsoft y Google-, el imperio de los algoritmos y la apropiación – en los dos casos- del conocimiento, de los descubrimientos y del desarrollo humano y nuestra identificación con las motivaciones de la luchas de resistencia a la imposición cultural.

La historia política de los medios de comunicación, las limitaciones de las regulaciones estatales, el monopolio de los medios concentrados  y la apropiación que el capitalismo ha realizado desde la aparición de la imprenta hasta las nuevas tecnologías -que hace tiempo conquistaron un lugar predominante no solo en el mundo de las nuevas tecnologías, sino también en el de las finanzas – nos imponen la necesidad de ubicar la perspectiva humana, y multiplicar los esfuerzos por dotar de un sentido social y comunitario al planteo de gestionar un medio de comunicación, para hacer palabras los murmullos y para ampliar moldear y multiplicar las conversaciones que sacien el hambre de pan, de justicia, y belleza que necesitamos

Sin lugar a dudas es desde el Estado que debieran implementarse medidas de regulación, que promuevan el desarrollo del derecho a la comunicación a través de políticas públicas que contemplen este tipo de procesos. La sociedad moderna y la mediatización cultural, son necesariamente  influidas y determinadas por el rol del Estado.

En Argentina desde el Estado tendría que impulsarse Políticas Públicas de Comunicación soberanas, sustentables, eficientes, eficaces, estratégicas y de alto agregado tecnológico

Recuperarse las mejores propuestas y convicciones  que se supieron impulsar desde los años 40, siempre orientadas al desarrollo de la comunicación social, la democratización, el  crecimiento económico sustentable comprometido con el medio ambiente y los derechos humanos en general.

Otorgarle rango Constitucional a la Comunicación Social

Impulsar la inclusión de la comunicación como bien social y el derecho a la comunicación en nuestra Carta Magna.

Promover la comunicación popular, federal, comunitaria y digital convergente.

Eliminar los monopolios, fomentar el pluralismo y la diversidad.

Para ello habría que redistribuir la pauta oficial y darle sustentabilidad a los proyectos. Reordenar los criterios de distribución de la publicidad oficial por fuera de las lógicas estrictamente lucrativas y de mercado, contemplando mecanismos específicos para los diferentes objetivos.

Implementar regulaciones y modalidades de gestión para la sustentabilidad de los medios públicos y comunitarios tales como: contribuciones, desgravaciones, tasas y fondos especiales de carácter redistributivo de escala nacional regional y local.

Abordar con seriedad la circulación de discursos de odio hacia los distintos colectivos que integran el cuerpo social, ya que las estrategias coordinadas de desinformación, comprometen la integridad democrática de las sociedades modernas.

Por tanto resulta imprescindible promover iniciativas regulatorias sobre las plataformas digitales, bajo formas colaborativas, cooperativas, transparentes y multisectoriales, que contemplen también regular contenidos que califiquen discursos de odio, noticias falsas, usuarios inauténticos y campañas coordinadas de desinformación.

Dar publicidad a los mecanismos informáticos mediante los cuales se automatiza el proceso de regulación de contenidos y de estructura de comercialización de los datos de los usuarios como de servicios de análisis masivo de datos.

En nuestro país, los veinticinco años de aplicación sistemática de políticas neoliberales que transcurrieron entre el golpe cívico militar de 1976 y la crisis institucional de 2001, no sólo dejaron como saldo una transformación regresiva de la estructura social argentina, sino que también reconfiguraron de manera significativa el sistema de medios de comunicación, o sistema  infocomunicacional, en una dirección de exclusión en términos de acceso, participación y alfabetización en nuevas tecnologías de la comunicación.

El panorama que presentaba el mapa de medios de nuestro país al ingresar al nuevo siglo incluía rasgos de una gran concentración de la propiedad rayana con el monopolio u oligopolio y una dinámica de integración de nuevas titularidades repartida entre un puñado de empresas gigantes impidiendo el ingreso de nuevos competidores.

Esta situación estaba sustentada en la articulación de las  relaciones entre el sistema político, el mercado y un poder judicial condescendiente, por lo menos en los lugares de decisión.

El derrotero de la comunicación comunitaria no está escindido de la perspectiva desarrollada en cuanto a  los instrumentos jurídicos y la mirada política argentina y geopolítica. Sin embargo otros factores y perspectivas acompañaron esta construcción que nos permiten valorar las prácticas realizadas, las luchas emprendidas los logros alcanzados los fracasos y retrasos y la toma de conciencia de la necesidad de articulación para avanzar en los horizontes vislumbrados

Los medios del sector social-comunitario son, desde mediados del siglo XX, una parte esencial del sistema mediático en todos los países de América Latina, en gran medida, porque han acompañado a los movimientos sociales en las críticas condiciones económicas y políticas que atravesaron sus campesinos, pueblos originarios y sectores populares urbanos.( María Soledad Segura -2016)

Esa condición de esencialidad se dio en un marco de permanente confrontación con un Estado que hasta 2004 no empezó a reconocer en ningún país de la región como prestadores de servicios de radiodifusión al sector, debiendo incursionar con fuerza como impulsores de las reformas en legislaciones de comunicación con el propósito de asegurar la diversidad y la participación en la prestación legal de servicios de comunicación audiovisual.

Esta participación en la lucha por la legalización permitió a los medios del sector social-comunitario ser reconocidos como prestadores de servicios de comunicación audiovisual y algunas legislaciones  les reservaron parte del espectro radioeléctrico; hecho que los ubicó ante novedosas posibilidades con nuevos desafíos para la sostenibilidad y crecimiento.

En la Argentina, desde los inicios de la radiodifusión, se reiteraba una tradición de formulación de políticas de comunicación en beneficio de las elites económicas y políticas. Esto dio como resultado un sistema mediático signado por la lógica mercantil y por concebir a la comunicación como una mercancía. En este marco, los intereses de las organizaciones y movimientos sociales y ciudadanos no eran considerados en las políticas de comunicación y los medios sin fines de lucro eran confinados a la ilegalidad.

La comunicación comunitaria surge desde diversos procesos culturales y sociales, donde la participación colectiva abre la posibilidad de experiencias comunicacionales que respondan a los intereses de los sectores populares. Históricamente en la Argentina, los procesos comunicacionales intervenidos por los medios de comunicación se establecieron desde soportes que respondían y responden a un fin lucrativo, privado, masivo y hegemónico (Navarro Nicoletti, F. 2017).

Ante numerosos episodios de atropellos y exclusión social, los medios de comunicación comunitarios surgieron para exponer estos hechos y para poder “darle voz” a sectores que estaban excluidos y no eran atendidas sus demandas (Mac Bride, 1980). 

La comunicación comunitaria genera un espacio histórico donde los sectores excluidos tienen la posibilidad de apropiarse de su propio entorno y comunicarlo como lo crean conveniente, generando un espacio de construcción comunitaria desde su propio entorno.

La evolución de las sociedades va de la mano de procesos comunicacionales que exponen diversas realidades a lo largo del tiempo. Los medios de comunicación fueron facilitando a lo largo de la historia la globalización de la información y  la cultura, así como la formación de ciertos patrones culturales y sociales que derivan en la propia dinámica social.

De ahí es que se puede dar cuenta que “la comunicación es parte integral y no se puede comprender por fuera de las prácticas sociales que protagonizan los sujetos en la historia” (Uranga y Thompson, 2016: 39). Configurándose en un elemento fundamental y fundacional en el funcionamiento interno de una sociedad. 

Para expandir el campo de incidencia de la comunicación, la transformación social y la democratización de la palabra, hace falta una sociedad que se involucre en la producción de mensajes, que pueda apropiarse de su entorno para resignificarlo y no sólo ser espectadora pasiva.

Podemos asegurar que la comunicación nos atraviesa por completo, resta elegir si estamos dispuestos a dejarnos llevar por el flujo social que se nos impone, o poder pensar los procesos comunicacionales desde la transformación social, (Navarro Nicoletti, F. 2017).

Es desde este concepto que empieza a configurarse la necesidad de aprender de la experiencia del proceso de la comunicación comunitaria en nuestro país. Es repensar la comunicación desde una perspectiva popular y comunitaria, que nos permita un contacto más fiel y directo con las demandas sociales. “Los procesos comunicacionales tienen que contribuir a la movilización social entendida como procesos de empoderamiento político cultural” (Uranga, 2016: 68), poder entender la dinámica comunicacional de manera relacional, generando redes e intercambios, produciendo sentidos y construyendo la cultura en la que vivimos y pensamos. Ser receptores pasivos nos lleva a una dinámica de dominación y pensamiento abstracto en el sentido amplio de la palabra. Cuando hablamos de ampliación de la comunicación, más allá de invitar a mirar la misma desde lo más cotidiano, es también alejarnos de la “mirada reduccionista que limita la comunicación a los medios” (Cardoso, 2006: 3), que nos aleja de la mirada comunicacional desde la participación y la relación entre los actores sociales para su progreso social.

Una gran enseñanza a partir de la experiencia es que la comunicación posibilita la producción de significados y expectativas compartidas. La configuración de “espacios efectivos para el reconocimiento de las diferencias, de las coincidencias, para revelar y procesar conflictos, para establecer acuerdos”.

Otra dimensión está relacionada con  la  necesidad de la información, enmarcada en “una reinformatización de la sociedad que construya alternativas que quiebren las lógicas predominantes y el sentido común. Un proceso de informatización desde otra perspectiva. No me estoy refiriendo sólo a esa dimensión que habitualmente trabajamos – la información acerca de lo  propio, de lo local y lo particular-  sino más bien a la necesidad de trabajar para incorporar conocimientos, saberes que son negados, para cuestionar las agendas que se construyen desde los medios masivos pero también desde las instituciones educativas y desde el Estado” (Matta, 2009).

Destacamos la necesidad de aprender de la experiencia del proceso de la comunicación comunitaria en nuestro país y producir los medios para avanzar del campo de la determinación de las condiciones fácticas a un campo de libertad en la que prime la intención de los pueblos y el ejercicio del derecho al desarrollo progresivo de los mismos; de la articulación entre medios de comunicación comunitarios que no prescinda de los cambios tecnológicos que permitan una construcción contrahegemónica, arbitrando los medios para poder actuar en escala, en definitiva, construyendo nuevas herramientas.

(Extracto de la ponencia presentada en el IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CENTRO MUNDIAL DE ESTUDIOS HUMANISTAS: “CRISIS Y SUPERACIÓN” TRASPASANDO LAS FRONTERAS DEL PENSAR, en el eje: Comunicación en el Siglo XXI)